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Clío nº25

LA NUEVA DINAMICA DE PODER EN VENEZUELA: EL MVR, HUGO CHÁVEZ  Y EL PROCESO CONSTITUYENTE (1999). THE NEW DYNAMICS OF POWER IN VENEZUELA: THE MVR, HUGO CHÁVEZ AND THE CONSTITUYENT PROCESS (1999).

Laboratorio de Investigación Transdisciplinario del Espacio Público (LITEP). La Universidad del Zulia-Venezuela.

 

RESUMEN

El presente artículo es un adelanto del proyecto de investigación Espacio Público. Participación y militarismo en Venezuela (1998-2001) adscrito al LITEP y financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) de la Universidad del Zulia (LUZ). Se parte del estudio de la coyuntura crítica que posibilitó el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías en las elecciones de 1998 a través del conjunto de fuerzas aglomeradas en el denominado Polo Patriótico. A partir de ese momento, se experimentó en Venezuela la concreción de la crisis del Sistema Político de Conciliación (SPC) que prevaleció entre 1958-1997, a través del desplazamiento del poder político de los principales partidos del status – Acción Democrática (AD) y el Comité Político Electoral Independiente (COPEI)- producto de la construcción de un liderazgo alternativo alrededor del discurso de ruptura de Hugo Chávez. La nueva práctica política está sustentada no sólo en otros actores, sino en nuevos procesos que tienen como fuente la finalización del consenso y la concreción de un escenario de lucha política constante, que explican el progresivo control que ha adquirido el MVR (movimiento Quinta República) y sus aliados del Polo en el sistema político venezolano.

   

SUMMARY 

The present article is an advance of the project of investigation Space Public. Participation and militarism in Venezuela (1998-2001) attributed to the LITEP and financed by the Council of Scientific and Humanistic Development (COUNTS) of the University of the Zulia (LUZ). he leaves of the study of the critical joint that facilitated the ascent to Hugo's Chávez Frías in the elections of 1998 through the group of forces amassed in the denominated Patriotic Pole. Starting from that moment, it was experienced in Venezuela the concretion of the crisis of the Political System of Reconciliation (SPC) that prevailed among 1958-1997, through the displacement of the political power of the main parties of the status - Democratic Action (AD) and the Independent Electoral Political Committee (COPEI) - product of the construction of an alternative leadership around the speech of rupture of Hugo Chávez. The new political practice is not only sustained in other actors, but in new processes that have as source the finalization of the consent and the concretion of a scenario of fight constant politics that they explain the progressive control that the MVR has acquired (movement Fifth Republic) and its allies of the Pole in the Venezuelan political system. 

 

AUTOR: ROMERO JIMÉNEZ JUAN EDUARDO. Profesor e Investigador Agregado de la Universidad del Zulia(LUZ), Maracaibo- Venezuela. Licenciado en Historia con estudios de postgrado en Historia Contemporánea de Venezuela. Cursante del doctorado en Ciencias Políticas de LUZ. Co-investigador responsable del Laboratorio de Investigación Transdisciplinario del espacio Público (LITEP) de la facultad de Ciencias económicas y sociales de LUZ. Coordinador de extensión de los departamentos de Historia y periodismo Impreso, en las escuelas de educación y comunicación social de LUZ. Es autor de las obras Historia del Municipio Baralt (1996),La Constituyente,90 días y cinco diarios (1999) y co-autor de las obra colectiva Poder y Mentalidad en España e Iberoamérica (Madrid, 2000).Ha publicado artículos arbitrados en revistas nacionales e internacionales. Especialista en historia política contemporánea.

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1. INTRODUCCIÓN

El sistema político venezolano, puede ser caracterizado a partir de 1958 hasta 1993, como un sistema electoral que se desenvolvió dentro del contexto del desarrollo de una relación que giró en torno a dos grandes partidos políticos: Acción Democrática (AD) y Comité Político Electoral Independiente (COPEI). Ambas estructuras surgidas en pleno proceso de modernización de la sociedad venezolana (Suzzarini: 1983, Dávila: 1989, Bracho: 1992),  hicieron posible la consolidación de unas relaciones que tenía como marco de acción constitucional, el cumplimiento de tres supuestos: 1) La búsqueda del consenso entre los actores políticos preponderantes; 2) La erradicación del conflicto en la formulación de las políticas de Estado y 3) El avance a partir de una programa nacional de consolidación de la estructura económica y social venezolana (Programa Democrático Mínimo) (Urbaneja, 1998).

Estos principios de acción, a pesar de las turbulencias surgidas en los primeros años de implementación del proceso democrático (1958-1964) (Blanco: 1991), permitieron ampliar la base de aceptación y certeza en el nuevo sistema político, elemento que queda feacientemente demostrado mediante el análisis de los niveles de participación en los comicios electorales en el período 1958-1989 (Molina: 1994)(Inserte cuadro I)

En el caso venezolano en el período 1958-1998, el Discurso del Poder perdió su capacidad para convencer, basado en niveles de pobreza cada vez mayores, en una depauperada economía que hizo crisis en 1983 (Toro: 1993, Pinto: 1994, Borges: 1992) y en una progresiva matriz de opinión que sostenía el descontento con el sistema democrático[i]. Estas manifestaciones no fueron atendidas, por el contrario se pospuso la solución de los elementos que generaron conflictos internos – corrupción, desinversión, entre otros factores- propiciándose el establecimiento de un escenario de lucha, en donde la clave era la eliminación del “otro”, enemigo político jurado a quién no se le concedió  cuartel.

Bajo este escenario de conflictividad, el Discurso del Poder, emitido por los actores hegemónicos del sistema político venezolano perdió su capacidad de ser dicho, es decir, de reproducirse y nutrirse, convirtiéndose en un discurso intrascendente, que es asumido como falso e irracional. La pertinencia y la capacidad de convencimiento del Discurso Político[ii] generaron una modificación de las circunstancias históricas, escenario este propiciado por los acontecimientos del 27-28 de febrero de 1989 y los intentos de Golpes de Estado del año 1992. Estos sucesos son la explicación causal del llamado fenómeno Chavista[iii], que implícita una visión de ruptura con el pasado histórico inmediato, en función de producir una reconfiguración de la naturaleza y el contenido del discurso político como DISCURSO DE PODER.

Este escenario fragmentado, es el campo social, dentro del cual se nutre, diversifica y multiplica el Discurso de Hugo Chávez, como Acto Social del Habla. Pero, el campo económico desarrollado en ese mismo período, crea también las condiciones objetivas para permitir el permeado del Discurso del Poder. El desarrollo de un Programa Económico, que no tenía ninguna causalidad clara – por lo menos hasta 1996 cuando nombran a Teodoro Petkoff [iv] como Ministro de CORDIPLAN[v] – signado por la implementación de por los menos  cinco diseños económicos distintos; a saber: Plan Sosa (Febrero- Julio 1994), Programa de estabilización y Recuperación Económica (PERE) ejecutado entre Septiembre de 1994 y marzo de 1995, Plan Corrales (abril-octubre 1995), IX Plan de la nación y el Pacto Anti-inflacionario (Nov 1995- Abril 1996). (revista SIC: Enero-Febrero 1995, Enero-febrero 1996), creo las condiciones para una situación de acrecentamiento de la crisis determinado por el aumento de la inflación acumulada entre 1995 y 1996 , que creció abruptamente en ese período generando complicaciones en la dinámica social, de por sí sentida por el recuerdo del impacto económico sufrido durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez[vi] (1989-1993) (Inserte cuadro II)

Otro indicador importante, para entender la volatilidad del escenario económico en el que muta Chávez, lo constituye la evolución de la Tasa de Cambio Bolívar/Dólar y del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, la relación de intercambio monetario y/o fortaleza de la moneda nacional frente a la divisa extranjera; y la capacidad productiva del sistema económico venezolano. En ambos casos, la acción casuística de la política económica tuvo un profundo impacto en la sociedad venezolana. La Tasa de Cambio saltó de 170 Bs en 1995 a más de 400 Bs, en 1996; mientras el PIB decrecio de 3.7 en el período 94-95 a –0.4 en 1995-1996 (CUADROS III y IV:

Esta debilidad económica institucional, permite la apertura de un proceso de Transición Política, que debe ser entendido como “ un período concreto en el que se llevan a cabo diferentes procesos tendientes a instaurar una poliarquía; estos procesos concitan la puesta en marcha y el cumplimiento de una serie de reglas de juego mayoritariamente aceptadas” ( Alcántara Sáez, 1995:216).

La conjunción de los condicionantes socio-políticos de crisis del sistema y el impacto de la crisis económica, constituyen el lev motiv del Discurso Chavista, y será su principal fuente de inspiración textual durante la campaña de 1998.

2. LA DINÁMICA POLÍTICA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: de las elecciones de 1993 al proceso constituyente 1999

En el caso de Venezuela, se asistió a un cambio del sistema bipartidista  a uno pluripartidista en 1993, que permitió la renovación – momentánea- del presidencialismo en Venezuela. Efectivamente, las elecciones de diciembre de 1993, abren  paso a la superación definitiva de las características del antiguo régimen de partidos. La hegemonía de Acción Democrática y COPEI, quedará en entredicho, no sólo en las elecciones de 1993, sino en las de 1998. La reducción significativa de la votación de estos partidos, será el aspecto más importante de esta Transición (CUADRO V):

Por primera vez, desde el inicio de las elecciones en 1958, AD y COPEI no obtienen entre los dos, los suficientes votos para controlar el sistema Político. En los procesos de 1993 y 1998, se produce una polarización del voto, que lleva a la reducción del voto presidencial, para los dos principales partidos del status quo venezolano, en un 65,75% y un 56,81%, para AD y COPEI respectivamente, en relación con lo obtenidos en las elecciones de 1988. Este resultado constituye un duro golpe, a la institucionalidad tradicional del sistema político y es, sin lugar a dudas una muestra de la perdida de credibilidad de los actores sobre los cuales estuvo estructurada la democracia venezolana (Cuadro N° VI)

La convocatoria al Proceso Constituyente, fue la propuesta esencial desarrollada por Hugo Chávez en la primera etapa de su Gobierno (1998-1999). Esto significó una conflictividad política que se desarrollo desde el mismo momento cuando resulto electo en diciembre de 1998, y que se tradujo en la conformación de diversas y encontradas matrices de opinión entorno a este proceso  y los actores que debían conducirlo. Se esperaba, que con la Constituyente se produjera un clima de explosión política, derivado del enfrentamiento entre los factores que propendían a ocupar  – Chávez y el MVR- y aquellos que  venían ocupando el poder – AD y COPEI, entre otros – no obstante, será una decisión de la antigua Corte Suprema de Justicia [vii] (CSJ) en manos del magistrado zuliano y exrector de La Universidad del Zulia, Humberto La Roche, la que evitará el estallido de un conflicto social de gran magnitud en la sociedad venezolana. La decisión del Magistrado La Roche dada a conocer en Enero de 1999, expresó el piso jurídico del proceso constituyente que se desarrollaría durante todo el año, más aun cuando estaban planteadas dudas acerca de cuál sería el mecanismo legal adecuado para adelantar este proceso. La decisión basada en una petición surgida de la Junta Directiva de la Fundación para los Derechos Humanos (FUNDAHUMANOS) encabezada por Raúl Pinto, Enrique Ochoa Antich y Viviana Castro, el 16 de diciembre de 1998, es decir, apenas diez (10) días después de la oficialización del triunfo de Hugo Chávez, hacían la solicitud de interpretación acerca del procedimiento legal en torno a la Constituyente. Esta discusión puede definirse en dos planteamientos: uno, el del presidente Hugo Chávez que indicaba la posibilidad y el derecho del Ejecutivo Nacional de convocar un Referéndum mediante decreto, basándose en el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP) y teniendo en consideración el Artículo 4 de la Constitución Nacional de 1961, que señalaba el hecho que la soberanía reside en el Pueblo; y dos, la de aquellos que oponiéndose a la opción uno sustentada por Hugo Chávez, sostenían que era necesaria una reforma Constitucional que permitiera la convocatoria a un referéndum, pues de lo contrario se estaría incurriendo en una violación del Estado de derecho. Los directivos de FUNDAHUMANOS lo señalarían en su recurso:

"Existen dos posiciones en cuanto a la forma como deba convocarse la Asamblea Constituyente: Una Primera, propuesta por el Presidente Electo (la cual ha sido señalada ya anteriormente), quien considera que basta la convocatoria del referendo previsto en el artículo 181 de la LOSPP, para convocar la Asamblea Constituyente, sobre la base del principio de soberanía contenido en el artículo 4 de la Constitución de la República que reconoce al pueblo como constituyente primario, y; una segunda que considera que el soberano también tiene a su vez una normativa prevista en la Constitución Nacional, que debe respetar para producir un referendo, en razón de que el artículo 4 de la Constitución de la República refiere su soberanía a los poderes constituidos, y que por lo tanto hace falta una reforma puntual de la Constitución de la República que cree la figura de la Asamblea Constituyente para llevar a cabo dicha convocatoria".

El pronunciamiento jurídico de Humberto La Roche – conocido como el Fallo N° 17 de la CSJ-, deja desde un primer momento claramente establecido cual es el marco legal que le permite – como representante del Poder Constituido – realizar el pronunciamiento. Indica que todo el proceso se establece sobre el hecho que las interpretaciones no son de la Ley – es decir, no es únicamente de la Constitución Nacional o de la LOSPP- sino que por el contrario, es una interpretación del ordenamiento jurídico, de las condiciones reales y el contexto histórico-jurídico que crea la ley.

Este planteamiento, reviste una inusual importancia en la dinámica que caracteriza el proceso de cambio histórico que aun experimentamos. Normalmente, los desplazamientos de grupos de poder por otros están caracterizados por la violencia (Lenski,) , en nuestro caso se ha alterado esta norma. La justificación se encuentra en el hecho que la decisión de la Corte expresada en el fallo N° 17, estableció legalmente la posibilidad real de realizar el proceso de convocatoria del referéndum por parte del presidente de la república, el Congreso Nacional o por la solicitud del 10% de los electores nacionales. Lo que estaba en juego, era la posibilidad que cualquiera de esas estructuras políticas de expresión, señalaran la ruta del proceso que se adelantaría con la convocatoria a la Constituyente, al mismo tiempo que se establecería las normas y la manera en que se realizaría. El desarrollo del proceso, dependiendo de quien lo dirigiera indicaría la supervivencia o no de los grupos de poder que se encontraban en disputa. Recordemos que el mismo Hugo Chávez, durante toda la Campaña electoral señalo que la Constituyente era su propuesta de Gobierno (El Nacional 10/10/98), asimismo dijo que esperaba que el Congreso considerará la convocatoria por decisión de sus miembros, pero al mismo tiempo activo lo que se denominó Comisión Presidencial Constituyente (CPC) conformada entre otros por: Ricardo Combellas, Oswaldo Alvárez Paz, Jorge Olavaria, Tarek William Saab, Tulio Alvárez, Angel Lombardi, Angela Zago, Hernánn Escarrá, Ernesto Mays Vallenilla,  Manuel Quijada y Javier Elechiguerra el día 4 de Enero de 1998 ( Romero et al,1999;Tomo I: 236) y el día 9 de enero inician la recolección de firmas.

Todo hacia indicar que se temía una desviación de la propuesta del presidente, si la convocatoria no salía de sus manos y escapaba, por lo tanto, de su control. La decisión de Humberto La Roche, le da carácter legal a su pronunciamiento y deja de ser “una locura” de Hugo Chávez, para adquirir razón jurídica. El Proceso Constituyente, es un acto político en sí, pues estaba en juego las condiciones no sólo de los actores políticos, sino el establecimiento de las reglas de juego del sistema que se diseñara. Por lo tanto, la manera en que se adelantaría este proceso era clave para comprender las condiciones socio-políticas que derivan de su ejecución. Miriam Kornblith (1998:62-63) lo deja en claro cuando señala:

         “El proceso de cambio constitucional se considera un acto eminentemente político... Desde esta perspectiva es necesario examinar combinadamente el procedimiento, el contenido y el objetivo del proceso constitucional. Por procedimiento – el quién, cómo, cuándo y dónde- se entiende la definición y selección de los sujetos, métodos y recursos para elaborar, discutir y promulgar una Constitución. El contenido – el qué- consiste en el conjunto de principios, valores e instituciones que plasmados en disposiciones constitucionales, conforman la parte sustantiva del texto. El objetivo – el para qué- comprende las metas de corto y largo plazo que se esperan lograr a través del cambio constitucional... Las interacciones entre los cursos de acción seguidos en cada una de estas dimensiones definen el rumbo del proceso constitucional y el impacto del mismo sobre el orden sociopolítico; a su vez, estas decisiones están condicionadas por la coyuntura sociopolítica y por el modelo sociopolítico en el que tiene lugar el proceso constitucional”

            Como acto político, se estaba asistiendo a la definición del accionar de los actores políticos en disputa, y por lo tanto se definía el curso de la transición que se intentaba. La posibilidad real que en el Congreso Nacional-si llegará a surgir de éste la iniciativa- se saboteará la dinámica de la Constituyente existía, más aun si consideramos la composición del Congreso, en cuanto a fuerzas políticas. El Movimiento Quinta República (MVR)  reunió por sí sólo el 19,9%, para el Congreso Nacional en las elecciones de 1998, mientras que AD y COPEI obtenían el 24.1% y el 12% respectivamente, lo que establecía una franca desventaja entre esas fuerzas políticas (CUADRO VII).

La discusión luego de la decisión del magistrado La Roche, estuvo centrada en quién dirigiría la convocatoria. El problema de fondo quedaba establecido: quién controlará el proceso constituyente definiría el devenir del control del poder constituido y por lo tanto, establecería las normas de la convivencia o no de los factores en pugna. Esta disyuntiva, parecía estar  claramente establecida para los factores del Polo Patriótico[viii] como para los sectores conglomerados en torno a AD y COPEI, tal como lo recoge el diario El Nacional en un  reportaje titulado QUIEN CONVOQUE EL REFERÉNDUM DEFINIRÁ LOS LÍMITES DE LA CONSTITUYENTE (26/01/99: D-1): “Una vez que la Corte Suprema de Justicia allanó el camino hacia la Asamblea Constituyente, a través de la convalidación del referéndum consultivo como mecanismo de expresión del poder constituyente originario, las preguntas se refieren a los alcances y límites que tendría este cónclave de representantes del pueblo”.

         Podemos establecer ciertas etapas a partir de la elección de Hugo Chávez en diciembre de 1998, con respecto a la implementación del proceso constituyente (Cuadro VIII):

·        1era Fase: Impacto de la Elite Política ante el triunfo de Chávez (Diciembre 6 de 1998 a Enero 1999). Determinada por la sorpresa e incredulidad al respecto del triunfo del Polo Patriótico, por otra parte, esta fase estuvo signada por el intento de refugiarse en los poderes constituidos (Congreso, Partidos, Corte Suprema).

·        2da Fase: Reacción Legalista a la propuesta Constituyente(Enero 1999 hasta febrero 2). Caracterizada por la introducción de diversos recursos de interpretación ante la Corte Suprema de Justicia, intentando encontrar un piso jurídico que impidiera la toma del poder por parte del MVR. Estuvo signado por un enfrentamiento relativo a la capacidad del actor encargado de convocar el Referéndum. Hay dos momentos en esta etapa, un primer momento determinado por el Congreso, por los representantes de AD y COPEI, quienes derrotados por el Fallo N|°17 de la Corte Suprema de Justicia, se vieron obligados a ceñirse a la resolución jurídica y por lo tanto, intentaron ser ellos quienes adelantaran el proceso. La otra subetapa estuvo caracterizada por la reacción de Chávez y el Polo Patriótico ante lo que ellos llamaron la amenaza de una “Constituyente Chucuta” (El Nacional, 26-01-99:D-2). Este temor de quedar amarrados al Congreso, fue lo que llevo a Chávez a ejecutar el decreto N°3 que declara la Convocatoria de la Constituyente.

·        3era Fase. Intento de objetar las Bases de la convocatoria al Referéndum (febrero-marzo 1999). Cuando fracasó la iniciativa del Congreso para convocar en ese órgano del Poder Público el proceso constituyente, y ante el hecho del establecimiento por parte del MVR y Hugo Chávez de las bases de la convocatoria, se intentó a través de un recurso introducido en la Corte Suprema modificar las Bases sin mayor resultado.

·        4ta Fase. Campaña contra el referéndum (Marzo-Abril 1999). Aunque poca efectiva, esta etapa determino lo que sería el comportamiento político de la oposición: un doble juego signado por una parte por la resistencia al proceso y por la otra, una incorporación tardía e inefectiva para intentar no quedar fuera del juego político.

·        5ta fase. Construcción de las candidaturas y propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente (Mayo-Julio 1999). Fue una etapa muy prolífica dado el amplio debate suscitado entre las diversas corrientes políticas con respecto a cómo debía dirigirse el proceso constituyente. Determino el posterior dominio que tuvo el Polo Patriótico en la ANC.

·        6ta Fase. Instalación y deliberación de la Constituyente (Agosto-Diciembre 1999). Fue quizás la etapa más difícil en todo el proceso, principalmente por que se enfrentaron a dos elementos puntuales en la implementación de la mecánica constituyente: 1) la disyuntiva de coexistir o no con un Congreso definitivamente hostil a la ANC y 2) la magnitud  del proceso Constituyente, referida a sí la ANC debía sólo restringirse a crear una Nueva Carta  Magna o por el contrario, debía crear una nueva Ingeniería del Estado.

      La discusión en torno al proceso constituyente, tuvo varios matices. Uno de ellos era el del actor encargado de realizar la convocatoria. El MVR y Hugo Chávez, se mostraban preocupados después de conocido el fallo N°17 del magistrado de la CSJ Humberto La Roche. Había motivos para estarlo si se considera el panorama que se vislumbraba luego del significativo paso determinado por la decisión. El Congreso había insistido ante las amenazas mismas del presidente de la república, en ser el encargado en sesión conjunta de las Cámaras, de convocar el referéndum, esta opción habría dejado fuera del juego político al Polo Patriótico y ante esta amenaza es que se produce el Decreto N°3, del 2 de febrero de 1999.

      El Decreto N°3 contiene manifestaciones concretas del significado que tuvo el hecho de ser el Presidente de la República y no las Cámaras en conjunto, quien convocara el referéndum. En primer lugar, define el actor que genera la directriz y el ritmo del proceso, con esta acción resquebraja cualquier intento de controlar y ejercer dominio sobre la definición de la transición socio-política. Marca la decisión de lanzar el decreto N°3 la mecánica que siguió la Constituyente: la definición por parte de Hugo Chávez y el Comando Táctico de las acciones que se implementaron. De esa forma, AD y COPEI refugiados en el Congreso Nacional – último bastión del poder constituido- quedaron totalmente amarrados a las decisiones emanadas del Ejecutivo Nacional.

     El Decreto N°3, señalo varios elementos. Uno, que Hugo Chávez no estaba dispuesto a dejarse arrebatar la dirección de la transformación. En segundo lugar, fue un indicio del carácter inclemente en el trato hacia una elite que ya lucia derrotada, sin objetivos claros y cuyos movimientos estaban siendo determinados anticipadamente por el Ejecutivo. El tercer y más importante elemento, esta basado en la circunstancia que el Artículo segundo del decreto otorgaba amplias facultades al Ejecutivo en la determinación del procedimiento a seguir en el referéndum.

Si la convocatoria al referéndum generó controversia, la realización del nuevo proyecto de Constitución y de país produjo mayores enfrentamientos. El primer punto de controversia ya había sido recogido en cierta forma por la prensa nacional, estaba referido al hecho sí la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debía sólo formular una nueva Constitución – posición de la mayoría de los representantes de AD y COPEI- o si por el contrario, tal como sostenían Chávez y los partidos del Polo Patriótico, se debía proceder a una reestructuración de todo el poder constituido. La clave para determinar la direccionalidad del proceso lo constituyó las preguntas del referéndum del 25 de Abril, que establecieron las bases de convocatoria de la ANC. I). Fuente: www.geortown.edu : 03/03/2001:

 

Venezuela: Bases Comiciales del Constituyente

Para el referéndum consultivo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse el 25 de abril de 1999 Primero: Se considerará aprobada la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos.

Segundo: La Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por 131 miembros y tendrá una conformación unicameral. A la Asamblea Nacional Constituyente sólo se elegirán representantes principales.

Esa convocatoria del 25 de Abril produjo la definición de la dinámica del proceso, quedando establecidas dos preguntas que se plasmaron en la boleta . Fuente www.geortown.edu:

Venezuela Referéndum Results, April 26, 1999

Preliminary Results: 95.5% of the vote counted as of April 29, 1999 at 3:13 PM local time

Total Votantes 3,983,202 = 37.84%

Abstención 6,543,062 = 62.16%

Primera Pregunta ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un Nuevo Ordenamiento Jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?

Segunda Pregunta ¿Esta usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999, y publicadas en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Numero 36.669 de fecha Marzo 25, 1999?

Resultados:

SI: 3,500,746 92.36% NO: 289,718 7.64%

SI: 3,259,812 86.43% NO: 511,715 13.57%

 

      Tal como quedo demostrado, un total de 3.500.746 personas votaron afirmativamente por la primera pregunta, es decir se estableció que el sentido que se le imprimiría a la ANC sería el de la Transformación del orden, del status quo que había prevalecido en Venezuela desde 1958. La segunda pregunta había generado preocupación por su contenido, en ella estaba sustentada la verdadera raíz del proceso de desplazamiento de la vieja elite política. Con la 2da pregunta quedaban señaladas dos características esenciales: una, el número de miembros de la ANC que serían elegidos por cada entidad federal, la aprobación del referéndum siempre y cuando los votos afirmativos fuesen más que los negativos y con ello se superaba el temor de no alcanzar el 50% de los votos que se había sugerido fueran necesarios para aprobar la Constituyente; en segundo lugar, señalaba la forma como debían ser postulados los candidatos, donde se hizo especial hincapié en que fuera de forma personal a través de la recolección de un porcentaje de firmas proporcional con el número de votantes de cada entidad. Este factor estableció una limitante doble: por  un lado, impidió a los partidos proponer candidatos en planchas – práctica muy común durante la democracia populista- y por el otro, obligaba a los partidos seriamente golpeados en las elecciones de diciembre de 1998 a salir a recolectar firmas por sus candidatos. Lógicamente el más favorecido con esto era el MVR, quién venía de una amplía movilización en la recolección de firmas por el referéndum.

    Sin embargo, la segunda pregunta fue considerada violatoria de ciertas normativas constitucionales y la Corte Suprema de Justicia determinó su modificación el 18 de marzo de 1999. El resultado de la convocatoria del 25 de abril de 1999, dejo abierto el paso para la transformación de la sociedad venezolana siguiendo el modelo que sugerían los miembros del Polo Patriótico.

   El proceso suscitado posterior a los resultados de la consulta del 25 de abril  de 1999, permitió que Hugo Chávez y el MVR, preparará el camino para el control y dominio del proceso constituyente. Entre el 26 de abril – día siguiente del referéndum- hasta julio de ese año, se construyó la red de poder que facilitó el control de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del Polo Patriótico.

    Esas bases de elección de la ANC, impedían objetivamente el acceso de los partidos del status quo, al imponer la colocación de los símbolos partidistas en la Boleta Electoral, identificando a los candidatos de AD y COPEI, quienes de esa forma fueron objeto de una campaña que propendió a desprestigiarlos – aún más de lo que ya estaban- y a ponderar las bondades y el compromiso social de los candidatos del Polo:

¨´"Caballo de Troya, invasores, enmascarados". Estos son algunos de los calificativos que han recibido los candidatos independientes a quienes acusan de ser apoyados, de bajo perfil o a la sombra, por los partidos AD, COPEI y Proyecto Venezuela a la Asamblea Nacional Constituyente, pero con la salvedad de que no los han postulado abiertamente”(El Nacional, 04/05/1999)

La estrategia del Polo patriótico fue más que efectiva, al desarrollar una campaña que propendió al desprestigio y minimización de los candidatos de AD y COPEI, obligándolos en algunos casos a refugiarse en el “supuesto” carácter de independientes, para tratar de sobrevivir en la dinámica política que estaba siendo inaugurada por Chávez.

La identificación de los candidatos a través de la inclusión de símbolos de los partidos, fue solo la primera parte de la estrategia diseñada para obtener la hegemonía en la conformación de la ANC. Con esta primera fase en el diseño de la campaña, se pretendía “identificar” a los candidatos del status quo, potenciando de esa forma los candidatos del Polo Patriótico. Este objetivo, fue sin lugar a dudas logrado. Los candidatos del Polo no solo fueron fácilmente identificados por Chávez u otros personeros del gobierno, sino que además se ejecutó la 2da fase de la estrategia: la elaboración de una especie de “chuleta” o MEGALLAVES DE CHÁVEZ como se les conoció que identificaba los candidatos por la circunscripción nacional y regional, arrastrando los votos del ciudadano hacia ellos.

         El sistema estructurado en torno a las LLAVES DE CHÁVEZ, consistía en un diseño de una simpleza extraordinaria: potenciaba los candidatos más fuertes de la circunscripción nacional con aquellos que en las localidades regionales no contaban con el apoyo requerido. El objetivo: lograr que los candidatos nacionales – de mayor peso y reconocimiento- ejercieran un “efecto portaviones” sobre los demás candidatos, de forma tal que la mayoría en la ANC quedará asegurada. La efectividad del diseño quedo demostrado al observar la proporcionalidad en la elección de la ANC, el Polo Patriótico obtuvo la mayoría de los 24 miembros que fueron elegidos en la circunscripción nacional, con la sola excepción de Alberto Francheschi, Jorge Olavarria, Alan Brewer Carías y Claudio Fermín, quienes sí lograron ser elegidos a pesar de la campaña de desprestigio y el lanzamiento de las Llaves de Chávez (Cuadro IXI). Fuente: www.eud.com):

Este triunfo abrió las puertas para la ejecución del proyecto de país, dibujado por Hugo Chávez. Con 126 de los 131 miembros de la ANC cercanos a lo que sería el nuevo diseño constitucional, sólo quedaba por establecer las normas de funcionamiento y la mecánica de la Asamblea y la definición del alcance de la relación Poder Constituyente->Poder ConstituidoSe completaba un proceso de progresivo y efectivo desplazamiento de los espacios de poder de los factores políticos ligados al puntofijismo, y su sustitución por un nuevo agente social de manifiesta vocación popular (López Maya y Lander, 1999: 107-132).

NOTAS

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